Por: Rubén Lacan y Alejandra González
Colaboraciones: Sherlyn Peláez, Luz Álvarez y Miguel Gómez
En octubre de 2016 se conoció la iniciativa 5182 “ley de
fomento a la ganadería bovina, caprina, ovina y porcina”, en las que surgieron
exoneraciones y exenciones del pago de Impuesto al Valor Agregado (IVA),
derechos arancelarios a importaciones (DAI) y del impuesto sobre la renta (ISR)
y se crea un impuesto único para la producción pecuaria del uno por ciento
sobre ventas brutas de animales, productos y sobre productos artesanales e
industriales de origen nacional.
El sector ganadero de Guatemala se reunió frente al
congreso de la república, el 31 de enero del presente año, bloqueando las
entradas y salidas del mismo. El objetivo de la manifestación era para que en
el emiciclo parlamentario se incluyera en la agenda del día la discusión y
aprobación de una ley que reduciría impuestos, y que fue propuesto por un
legislador que también es ganadero. Empero ese día la sesión plenaria se
suspendió por los desacuerdos entre diputados de las diferentes bancadas.
Manuel Heredia Castro, diputado poniente de ley expresó:
“El objetivo de la iniciativa es ayudar a generar facilidades para que la gente
se pueda formalizar, no estamos pidiendo que no se paguen impuestos”. De acuerdo a las diferentes gremiales
guatemaltecas el no aprobar esta ley los deja fuera de la competencia regional
pues la carne importada se compra más barata en el mercado local.
Según el presidente de cooperativas ganaderas, Jorge
Antonio Rivas, los ganaderos no son competitivos y la carne del país es más
cara que la importada. Expresó que “Aquí defienden a la importadora no a los
productores nacionales nosotros somos los que fomentamos el trabajo en
Guatemala, aquí prefiere el gobierno entero apoyar a los importadores”.
Con las importaciones se reduce trabajo al guatemalteco,
las cifras están en un aproximado de un millón de jóvenes desempleados, más de
125 mil personas retornando de EE.UU.
El súper intendente de administración tributaria expuso que
se opone a la iniciativa de ley que otorga beneficios fiscales a ganaderos y
agricultores, y sectores agropecuarios. Recalca que de aprobarse la ley 5182 se
dejarían de percibir alrededor de 150 millones de dólares al año.
El Instituto centroamericano de estudios fiscales también
emitió un comunicado al saber que se estaba conociendo del tema en el pleno del
congreso y advirtió que las pérdidas del fisco serían mayores a las que
pronostica el súper intendente de administración tributaria.
Gabriel Heredia, presidente de la comisión de Agricultura,
entrego el pasado 17 de enero el dictamen con modificaciones a la iniciativa
5182, que ahora se refiere a la “ley de facilitación tributaria para la formalización
del sector agropecuario” esto según la
comisión debido a que “ está demostrando que la mayor parte de la actividad
económica del sector pecuario está en la informalidad”. La nueva iniciativa crea el Régimen Especial
Tributario para el Sector Agropecuario (Retriagro) en el que se incluyen 21
actividades como el cultivo y comercialización de café, cardamomo, hule,
cereales, caña de azúcar, frutas, nueces, plantas ornamentales, follajes, cría
de ganado vacuno, porcino, ovino, cabras, caballos, peces y camarones. Así como
actividades de servicios agrícolas y ganaderos, y las actividades apícolas.
Estos contribuyentes deberán inscribirse ante la SAT bajo
el Retriagro y tributarían el uno por ciento sobre ventas brutas siempre que no
exceda los Q50 mil anuales; para los que superen ese monto hasta los Q10
millones anuales pagarán un importe fijo de Q500 más el tres por ciento del
excedente a partir de los Q50 mil. Quienes superen los Q10 millones por año
pasarán automáticamente al régimen general. Además, otorga exención del pago de
DAI en importaciones de maquinaria, insumos y material genético que mejore la
producción y productividad agropecuaria.
Cobros Antiguos
El Artículo 33 ofrece a este régimen la posibilidad de
“solventar su situación” en los casos en que se tenga un proceso administrativo
o judicial. Con la liquidación definitiva de estos expedientes pagarían si lo
hacen en el primer mes de vigencia de la ley, el 20% del impuesto con ajustes,
en el segundo mes sube al 30% y 40% en el tercer mes, además ofrece la
exoneración de multas, intereses y recargos. No aplicaría para ajustes por
omisos y crédito fiscal cobrado a la SAT.
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI)
presentó un documento con las explicaciones técnicas que fundamentan y reiteran
su rechazo a la aprobación de la iniciativa de ley que otorga privilegios
fiscales para el sector agropecuario, informó hoy la entidad a través de un
comunicado.
Se trata de la iniciativa 5182, Ley de Facilitación
Tributaria para la Formalización del Sector Agropecuario de la República de
Guatemala, aprobada en primera lectura la semana pasada. En su presentación
hecha a la Comisión legislativa de Finanzas, el ICEFI coincidió con la posición
del Ministerio de Finanzas Públicas y de la Superintendencia de Administración
Tributaria (SAT), entidades que también se han pronunciado en contra de la
aprobación de la propuesta.
En particular, manifestó compartir los criterios técnicos
emitidos por la SAT el 19 de diciembre de 2016, en el cual advirtió que la
propuesta “sufría de ambigüedades e inconsistencias, que podría violar los
principios constitucionales de legalidad e igualdad, impediría el control y la
fiscalización de las actividades beneficiadas, y generaría una pérdida de
ingresos tributarios de por lo menos Q1,296.3 millones anuales”. El ICEFI
reconoció la importancia del sector agropecuario para Guatemala, así como la
necesidad de que el Gobierno lo apoye con una reforma integral, pero rechazó
las “presiones para acelerar el proceso de aprobación”, en particular del
sector ganadero.
Rechazó, además, las amenazas de algunos integrantes del
sector agropecuario referentes a elevar los precios de sus productos en caso se
les obliguen a pagar impuestos.
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| Foto: PL |
Ley del IVA
A criterio del ICEFI, de conformidad con lo que establece
el artículo 10 de la Ley del Impuesto al IVA, el precio de venta de un bien o
la prestación de un servicio ya incluye el impuesto, por lo que “al operar
estos sectores en la informalidad, realizando ventas sin trasladar el IVA que
va incluido en los precios, en realidad podrían haberse apropiado indebidamente
del impuesto, un delito penado hasta con 4 años de cárcel”, advirtió la
organización.
El ICEFI reconoció la conveniencia y utilidad de ofrecer
facilidades para los contribuyentes que estén operando en la informalidad, y
que voluntariamente deseen regularizar su situación. Además, explicó que estos
contribuyentes pueden regularizar su situación recurriendo a la legislación
vigente y pagando los impuestos omitidos, con lo cual demostrarían verdadera
buena fe, y además podrían acceder a las facilidades que ofrecen los artículos
40 y 91 del Código Tributario vigente, en los cuales ya se establecen rebajas
en las multas e intereses para esta acción voluntaria.
En el caso de pequeños productores, el régimen para
contribuyentes pequeños establecido en la Ley del IVA ofrece ventajas muy
generosas cuando las ventas no exceden los 150,000 quetzales anuales.
El Instituto
Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) se suma al rechazo a la aprobación de la
iniciativa de ley número de registro 5182, recalca que todos los principios de
justicia tributaria de una democracia funcional, incluido el artículo 243 de la
Constitución Política de la República, demandan que un sistema tributario debe
ser justo y equitativo, y con ello, no debe permitir tratamientos diferenciados
que busquen privilegiar sectores particulares. Sin embargo, resultado de los
análisis y estudios técnicos que en los últimos meses de 2016 realizaron a la
propuesta original contenida en la referida iniciativa de ley (entonces
titulada Ley de Fomento y Desarrollo de la Ganadería Bovina, Ovina, Caprina y
Porcina de la República de Guatemala), el Ministerio de Finanzas Públicas (MinFin)
y la SAT concluyeron la inconveniencia de su aprobación, ya que violaba los
principios básicos de justicia y equidad tributaria, y además generaría
pérdidas cuantiosas de recursos del presupuesto público.
El ICEFI lamenta que, pese a las opiniones desfavorables de
estas entidades rectoras de la política fiscal, la iniciativa de ley haya sido
dictaminada favorablemente, en una versión cuya aprobación generaría daños
fiscales aún peores que de los que generaría la versión original. Alerta que la
versión dictaminada favorablemente amplía el alcance de los privilegios
fiscales abusivos propuestos, ya que además de las actividades ganaderas y
pesquera, privilegiaría también a prácticamente todo el sector agropecuario. Advierte
que la estimación de la pérdida fiscal de Q 1,156 millones anuales que la SAT
estimó en diciembre de 2016, correspondía a la versión original acotada a la
ganadería y la pesca, pero que con la versión dictaminada la pérdida fiscal
sería significativamente mayor, razón por la que urge a la SAT y al Min Fin a actualizar
la estimación del daño fiscal que se produciría en caso el Congreso apruebe la
propuesta ampliada.
Por otro lado, el Instituto explica que la aprobación de la
propuesta no sólo causaría pérdidas financieras, sino también constituiría un
impedimento mayúsculo a la lucha contra la corrupción y la impunidad. La
iniciativa de ley propone disposiciones inaceptables que promueven la impunidad
y protegerían a personas que por muchos años han defraudado al sistema
tributario. En particular, entre varias propuestas cuestionables, el ICEFI
rechaza el contenido del artículo 20 de la iniciativa de ley, que bajo el
epígrafe «Prevalencia de la buena fe», propone «En el proceso de inscripción y
permanencia en el régimen tributario [especial para los sectores beneficiados]
prevalece la buena fe del contribuyente agropecuario, por lo que la SAT se
abstiene de requerir información o documentos que generen costos o trámites
adicionales al contribuyente». A criterio del Instituto, esta propuesta
pretende «legalizar» la comisión del delito de resistencia a la acción
fiscalizadora de la administración tributaria, creado y tipificado en el
artículo 358 “D” del Código Penal vigente.
El ICEFI se suma al llamado al Honorable Congreso de la
República a no aprobar esta iniciativa de ley, y propone que sea la Comisión de
Finanzas Públicas y Moneda el espacio para que, con la participación abierta y
transparente del MinFin, la SAT y la sociedad civil, se discutan este tipo de
propuestas con impactos fiscales importantes. Insiste además en que estas
discusiones deben gozar de respaldo técnico muy sólido, evitando aprobar
privilegios abusivos e injustificados que disminuyen cualquier posibilidad de
avanzar hacia un Estado con recursos y capacidades para enfrentar la
corrupción, la pobreza y la inseguridad, entre otras obligaciones.
Punto de vista
Avicultor
Gran parte del sector agropecuario ha
dejado saber su opinión sobre la iniciativa de ley 5182, como en el caso de
Saudy Flores, que labora como avicultor.Existe una porción de este sector, que realmente no está
enterado de los movimientos que se realizan o se pretenden llevar acabo, para
presionar al legislativo, “ en realidad estoy enterado de lo que representa la
ley para mi trabajo, pero no de cuándo se va a manifestar para que la misma sea
aprobada” expresó Flores.
Con la aprobación de la ley, se espera que los que laboran
ilegalmente, se sientan motivados y así tributen y realicen todo legalmente,
“Hay quienes no hacen esto, algunos aún estamos acostumbrados a lo antiguo y preferimos
no complicarnos, pero debo de estar consciente de que estoy obligado de
declarar, por eso llevo mi control con un contador conocido” agregó Flores.
Sin embargo, existe otro factor que incomoda a todo el
sector agropecuario como lo explica Saudy Flores: “Aquí hay un problema y es
que la gente compra lo importado y no lo nacional, lo de nosotros lo ven más
caro porque nosotros debemos pagar más. Lo que nosotros producimos es de mejor
calidad”.
Como una medida de
presión este sector puede dejar de abastecer los mercados del país, lo cual es
algo que Flores teme, como lo explica: “Si todo el proceso se alarga, puede
llegar a hasta las falta de abastecimiento en varios sectores como el mercado,
si usted va se puede dar cuenta que hay negocios cerrados por la falta de
abastecimiento.”
Para finalizar uno de los grandes beneficios que ve
Flores es el de “Generar facilidades
para que las personas puedan ayudarse sin evadir los impuestos y deberes
debidos”.
Informe de
Exportación e Importación.
Según el informe anual que presento el Banco de Guatemala,
dio el valor de las importaciones y exportaciones de la industria Agropecuaria
del 2016, aclarando que las cifras están representadas en dólares, los
productos con mayor relevancia se encuentran
entre los 700, 000, 000 y sobre los 120, 000, 000 (dólares).
Los Productos con mayor exportación son:
Producto
|
Exportación
|
Importación
|
Banano
|
700,388,02
|
833,090
|
Café
|
649, 074, 480
|
1,357
|
Frutas frescas, secas y conge.
|
314,797, 235
|
57, 737, 175
|
Cardamomo
|
229, 355, 052
|
20, 702
|
Caucho natural (hule)
|
120, 939, 786
|
8, 964, 612
|
Animales vivos de ganadería
|
113, 900
|
1, 097, 604
|
La analista Gabriela Mena nos compartió su
punto de vista la iniciativa de ley 5182:
Esta
iniciativa pretende disminuir el impuesto que se paga en todo los productos
pecuarios, así también como importaciones y exportaciones. ¿Cómo ve esto, cree
que solo beneficiará a un determinado sector o a la mayoría de población?, ya
que los representantes de estos grupos nunca han hablado si le bajaran a los
productos.
Definitivamente como en el caso de muchas
leyes aprobadas en nuestro país, esta ley viene en beneficio solo de un
determinado sector, como siempre a favor del CACIF (entiéndase los ganaderos en
este caso en específico) además de que al aprobar esta ley se violentan
notoriamente los principios de Justicia tributaria en una democracia funcional,
contemplado en la Constitución Política de la República de Guatemala
específicamente en su artículo 243 el cual en un sentido amplio de su
interpretación debe entenderse que el sistema tributario debe ser justo y
equitativo, por lo que no debe permitirse tratamientos privilegiados para
beneficiar a determinados sectores particulares, es evidente que con la
aprobación de esta propuesta de ley se pretenden privilegios fiscales abusivos
que no sólo beneficiarán a las actividades ganaderas y pesqueras, sino también
a todo el sector agropecuario.
¿De aprobarse
esta ley, que cree que pase en el país, económicamente?
Además de violentar los principios básicos de
Justicia y equidad tributaria generaría pérdidas cuantiosas en la recaudación,
por lo que afectaría directamente el presupuesto público.
¿Qué
opina de la SAT, oponiéndose a esta iniciativa de ley?. Ellos aseguran que se
dejaran de percibir muchos ingresos, de los que actualmente tributan, mientras
que el ministro de agricultura y los diputados que impulsan esta iniciativa
dicen todo lo contrario, que se recaudará aún más dinero.
La postura de la Superintendencia de
Administración Tributaria en cuanto a oponerse a la aprobación de esta
propuesta de Ley es la correcta, ya que las pérdidas en la recaudación serían
millonarias afectando con ello directamente el presupuesto público. Por ende
reduciría también la capacidad de Inversión.
En el
artículo 8 de la iniciativa de ley 5182, dice que el ministerio de agricultura,
ganadería y alimentación, deberá crear un viceministerio de ganadería, y qué se
eligieran representantes por sector, que su mandato será Ad honorem y que
durará dos años. ¿Cree que esto sea necesario si se aplica esta ley, y qué
consecuencias tendría?
La idea de un viceministerio de no es mala,
pero la finalidad que se le pretenda dar al mismo es lo cuestionable, cuáles
sean las verdaderas intenciones de la creación de este viceministerio es el
problema, pero por lo general, considero que no debe de aprobarse dicha
propuesta por la inminente afectación que generaría directamente en el
presupuesto público, el cual es el punto medular y que en consecuencia viene
afectar a toda la población, porque reduciría la capacidad de Inversión por
parte del Estado. Además de las pérdidas financieras, la aprobación de dicha
propuesta constituiría a mi criterio un obstáculo en la lucha contra la
corrupción y la impunidad, ya que la misma propone disposiciones inaceptables
que promueven la impunidad y protegerían a personas que por muchos años han
defraudado al sistema tributario.
En conclusión está ley sólo imposibilita avanzar como
Estado y debilita así mismo la capacidad para hacer frente a la corrupción, la
pobreza, la inseguridad, entre otras obligaciones que le competen al Estado de
Guatemala.
Nota importante: Reportaje para el curso de Géneros Periodísticos III, Tercer Semestre de Periodismo Profesional, Escuela de Ciencias de la Comunicación, Universidad de San Carlos de Guatemala.
